Tal como dábamos cuenta en este blog, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el Pleno municipal en la que se daba la aprobación definitiva al Proyecto de Actuación presentado por la Comunidad de Propietarios de la urbanización Santa Catalina. En su escrito, la Consejería pretendía, fundamentalmente, que el juzgado adoptase medidas cautelares para su paralización, causa ésta en la que se extendía. Hace tan sólo un par de semanas, en el pleno ordinario celebrado el pasado 25 de octubre, un nuevo proyecto de actuación, tratado en el punto tercero del orden del día, que fue aprobado por unanimidad de todos los concejales presentes.
Por parte de Independientes por Lucena, en el debate de este asunto, nos congratulamos con la celeridad que la Consejería de Medio Ambiente había resuelto favorablemente este plan, pero, al mismo tiempo, lamentábamos los obstáculos que la Junta estaba poniendo al de Sta. Catalina con su recurso, en una actitud que nos parecía “oscura”.
Pues bien, pocos días más tarde se nos ha trasladado un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo al objeto de que este plan se paralice. En su escrito se exponen dos causas o razonamientos, la primera, una exposición general de leyes aplicables y la segunda, argumentando que la no paralización de este plan pudiera causar mayores perjuicios al dar lugar a construcciones y urbanizaciones, derivando en unos daños y perjuicios para el administrado de reparación imposible o difícil para el administrado .
De todos nosotros es conocido que las viviendas de Sta. Catalina que se pretenden regularizar existen desde hace décadas y que las mismas Normas Subsidiarias de nuestro municipio, en vigor desde de 1993, reconocen la existencia de la Urbanización Santa Catalina, la delimita territorialmente y la clasifica como Suelo NO Urbanizable Común Tipo II, reconociendo la parcelación existente y permitiendo la nueva construcción en las parcelas no edificadas de viviendas unifamiliares aisladas de hasta 140 metros cuadrados, con una tipología tradicional y, especialmente, caracterizada por la NO vinculación de las edificaciones a la actividad agropecuaria.
Así pues, los argumentos expuestos por la Junta y atendidos por el juzgado se desvanecen absolutamente y nos obligan a pensar en una nueva jugada sucia del Psoe para paralizar un plan que sólo pretende regularizar una situación que viene de décadas atrás y dar una justa seguridad a los propietarios de esas viviendas.
Claro está que en el trasfondo de todo este asunto -pensamos- existe un tema económico, ya que la legalización de todas estas edificaciones supondrían una serie de licencias e imposición de tasas que irían a parar a las arcas municipales y que, precisamente, esto es lo que quiere evitar el partido socialista, cuyo mayor gozo sería ver a este ayuntamiento totalmente asfixiado, aunque esto vaya en contra de los ciudadanos de Lucena del Puerto, aunque su gestión en las responsabilidades de gobierno haya sido manifiestamente nefasta y cuyos resultados estamos tratando de salvar y solucionar.
Resulta obvio decir que se ha recurrido este auto ya que estamos convencidos de que la ley nos acabará dando la razón. Los vecinos lo apoyan y respaldan, ya que han sido ellos quienes han promovido y realizado este Proyecto de Actuación. El procedimiento seguido por este ayuntamiento ha sido y seguirá siendo absolutamente respetuoso con la legalidad vigente y, como precedentes, el ayto. de Valverde, por ejemplo, estando gobernado por el partido socialista y con el consentimiento y aprobación de la Junta, la misma que ahora nos recurre, ha legalizado todas las urbanizaciones de Los Pinos de Valverde, cuya extensión y número es mucho mayor que en Sta. Catalina.
Blanco y en botella…?
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